Abrieron la puerta y se olvidaron de construir la casa
El Instituto Juan de Mariana atribuye a la inmigración el 41 % de la subida real del alquiler desde 2018. El problema no es quien llega: es un Gobierno que dejó crecer la demanda mientras frenaba la oferta.

El Instituto Juan de Mariana acaba de poner cifras a lo que cualquiera que haya buscado piso ya intuía. En su informe «Un país sin casas», los economistas Daniel Fernández y Santiago Calvo han cruzado los precios de la vivienda con los flujos migratorios de las 50 provincias. Su cálculo: la inmigración explica en torno al 41 % de la subida real de los alquileres entre 2018 y 2025, y hasta el 60 % del encarecimiento de la vivienda en compraventa. En ese tiempo el alquiler subió un 24,7 % por encima de la inflación, y unos diez puntos, según el estudio, salen de ahí.
Fíjese en las fechas: de 2018 a 2025. Son, uno por uno, los años de Pedro Sánchez en la Moncloa.
La suma que nadie quiso hacer
En ese periodo España ha ganado unos tres millones de residentes nacidos en el extranjero. Tres millones de personas que necesitan un techo, igual que usted y que yo. Eso no es ideología, es aritmética.
Y enfrente, la otra cifra: desde 2021 se han creado 1,16 millones de hogares y se han terminado 465.000 viviendas libres. Cuatro casas por cada diez familias nuevas. Faltan casi 700.000. El Banco de España sube la cuenta a 750.000 y avisa de que irá a peor. La mitad de ese agujero se concentra en un puñado de provincias, y la nuestra, Alicante, está en la lista.
El culpable no es el que llega
Conviene decirlo claro, porque el propio informe lo dice: esto es un fallo del Estado, no de quien viene a trabajar. El inmigrante recién llegado es de los primeros que se queda sin piso, junto a los jóvenes y a las familias con menos renta, que ya dejan en la vivienda más de un tercio de lo que ganan.
El culpable es quien decide a la vez cuánta gente entra y cuántas casas se pueden levantar, y lleva ocho años pisando el acelerador de lo primero y el freno de lo segundo.
Porque el PSOE ha hecho las dos cosas. Por un lado, una política migratoria sin previsión alguna, con regularizaciones de cientos de miles de personas y ni un solo plan para alojarlas. Por otro, la Ley de Vivienda de 2023, que topa precios, espanta al propietario y deja menos pisos en alquiler justo donde más falta hacen. Prometió 184.000 viviendas. El déficit, mientras tanto, no ha dejado de crecer.
Un país que no deja construir
El resto del retrato es conocido por cualquiera que haya intentado promover algo. El 95,7 % del suelo español no es urbanizable. Convertir un terreno en suelo apto para edificar puede llevar entre diez y quince años. Las administraciones son dueñas de más de la mitad del suelo urbano sin edificar. Una licencia que tarda más de un año añade unos 12.800 euros a cada vivienda, y cerca de una cuarta parte de lo que cuesta un piso nuevo son impuestos.
Aquí, en Guardamar, también gobierna el PSOE. Buena ocasión para preguntar: ¿cuánto tarda una licencia de obra en nuestro Ayuntamiento? ¿Cuánto suelo municipal sigue vacío?
La respuesta oficial: buscar a otro
El 3 de octubre decenas de miles de personas salieron a la calle por el precio de la vivienda. Tenían toda la razón en la queja. Pero el discurso oficial lleva años señalando al casero, al fondo y al piso turístico, a cualquiera menos a quien firma las leyes. Congelar una renta no construye una casa.
La receta que propone el informe cabe en una línea: dejar construir donde la gente quiere vivir. Más suelo, licencias rápidas, menos impuestos a la obra nueva y seguridad para quien alquila. Y, añado yo, una inmigración ordenada y acompasada a las casas que somos capaces de levantar.
El 29 de noviembre hay elecciones. Antes de votar, haga la suma.
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