Babilonia necesita seguridad jurídica

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre las casas de Babilonia vuelve a poner a Guardamar ante una cuestión que afecta al patrimonio, a la seguridad jurídica y a la vida de los vecinos. El fallo limita la protección autonómica de las viviendas situadas en dominio público y anula el inventario de terrenos degradados. La Generalitat ha anunciado que estudiará nuevas vías jurídicas; el PSPV, por su parte, ha pedido la dimisión del conseller. Cuatro magistrados han anunciado votos particulares.

En un asunto tan sensible, lo primero es respetar las instituciones y cumplir las resoluciones judiciales. Un voto particular expresa discrepancia dentro del propio tribunal, pero no cambia el sentido del fallo. Y que la Generalitat estudie alternativas no debe convertirse en una invitación a prolongar la incertidumbre sin explicar qué opciones existen, qué consecuencias tendrían y dentro de qué marco legal podrían aplicarse.

Las casas de Babilonia no son una abstracción jurídica: forman parte de la realidad de Guardamar. Por eso, las administraciones deben explicar con claridad qué implica la sentencia para las viviendas afectadas y qué pasos se plantean ahora. La transparencia es especialmente necesaria cuando se cruzan la protección del litoral, el dominio público y la situación de quienes viven en esas casas. No basta con intercambiar reproches partidistas ni con anunciar que se buscarán nuevas vías: hacen falta información comprensible y decisiones ajustadas a derecho.

La protección del entorno costero importa, pero también importa que las normas sean claras, previsibles y aplicadas por igual. La defensa de la naturaleza y la seguridad jurídica no deberían presentarse como objetivos incompatibles. Precisamente por eso, cualquier respuesta debe apoyarse en la legislación vigente y en resoluciones judiciales, no en promesas que puedan alimentar falsas expectativas. También corresponde a las instituciones explicar cómo se llegó a este punto y qué efectos concretos tiene la anulación del inventario.

La petición de dimisión del conseller es una posición política, no una solución para los vecinos. La responsabilidad pública exige rendir cuentas, pero el debate debe centrarse en los hechos, las competencias de cada administración y las alternativas legales reales. Guardamar necesita que Generalitat y Gobierno actúen con rigor y coordinación, en lugar de convertir el futuro de Babilonia en un nuevo pulso partidista.

Pedimos a las administraciones implicadas que publiquen una explicación clara de la sentencia, sus consecuencias y los pasos previstos, y que informen directamente a los afectados. La protección del litoral debe hacerse con reglas firmes; la respuesta a quienes viven en Babilonia, también.