¿Cuántas tragedias más necesitamos para exigir responsabilidades?

Por Ángel Braceras Izquierdo

He necesitado dejar pasar unos días para escribir estas líneas. No quería hacerlo desde la rabia, el despecho o la indignación del momento. Quería hacerlo con la serenidad que merece una tragedia que ha vuelto a sacudir a España y que ha dejado 69 vidas truncadas y decenas de familias destrozadas.

Pero hay algo que no consigo quitarme de la cabeza.

Soy padre. Mis hijos utilizan con frecuencia la red ferroviaria española de alta velocidad. Y, como cualquier padre, cuando ocurre una desgracia de semejante magnitud, resulta imposible no pensar que cualquiera de ellos podría haber estado sentado en uno de aquellos vagones.

Esa sensación de impotencia, de miedo y de profunda tristeza es difícil de describir.

El pasado 28 de octubre asistí, como ciudadano y como concejal, al minuto de silencio celebrado en la Plaza de la Constitución de Guardamar, sumándonos a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Allí observé rostros de dolor, preocupación y consternación. Personas que, independientemente de sus ideas políticas, compartíamos el sufrimiento de unas familias que acababan de perder lo más importante de sus vidas.

Pero también vi otros rostros. Rostros de personas a las que he escuchado en otras ocasiones utilizar tragedias y desgracias para atacar despiadadamente a sus adversarios políticos, llegando incluso a emplear calificativos tan graves como el de asesinos.

Y entonces me hice una pregunta:

¿De verdad merece la pena convertir la política en semejante ejercicio de fanatismo?

Quiero pensar que todos los que estábamos allí sentíamos sinceramente el dolor de las víctimas. No pongo en duda los sentimientos de nadie. Lo que sí cuestiono es la coherencia de quienes exigen responsabilidades implacables cuando gobiernan otros, pero encuentran siempre una justificación cuando los errores, las negligencias o las sospechas afectan a los suyos.

Porque la responsabilidad política no puede depender del color de una papeleta.

Yo tengo una forma muy sencilla de entender la vida. Antes de señalar los errores ajenos, procuro tener mi propia casa limpia. Lo hago en mi vida personal, en mi trabajo, frente a la competencia y, por supuesto, en mi responsabilidad como concejal.

No siempre resulta cómodo, pero creo que la honestidad empieza por exigir a los nuestros exactamente lo mismo que exigimos a los demás.

Y precisamente por eso me resulta tan difícil comprender determinados silencios.

España ha sufrido dos gravísimas tragedias ferroviarias en menos de un año: Adamuz y Urda. Dos accidentes que deberían obligarnos a revisar hasta el último procedimiento, hasta el último contrato y hasta el último euro destinado a garantizar la seguridad de quienes utilizan nuestros trenes.

A ello se suma una circunstancia especialmente preocupante: la Fiscalía Europea ha abierto investigaciones sobre posibles irregularidades en fondos destinados a actuaciones en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, con diligencias de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Que exista una investigación no significa que se haya demostrado un delito, ni que las posibles irregularidades sean la causa de los accidentes. Eso deberán determinarlo los investigadores y los tribunales.

Pero, precisamente por la gravedad de lo sucedido, los españoles merecemos conocer toda la verdad, sin excusas, sin obstáculos y sin protección política para nadie.

Mi opinión sobre la gestión del actual Gobierno socialista es profundamente crítica. Considero que los casos de presunta corrupción que afectan a su entorno, las dudas sobre determinadas inversiones públicas y la gestión de servicios esenciales han deteriorado gravemente la confianza de muchos ciudadanos.

Y cuando hablamos de infraestructuras ferroviarias, ya no estamos discutiendo simplemente si un servicio funciona mejor o peor.

No hablamos de esperar una semana más para recibir una atención administrativa. No hablamos de una obra que se retrasa o de una promesa electoral incumplida.

Estamos hablando de vidas humanas. De padres, madres, hijos y hermanos que salen de casa confiando en regresar.

Por eso me niego a aceptar que la fidelidad a unas siglas esté por encima de la exigencia de responsabilidades.

No creo que todos los socialistas sean responsables de una tragedia, como tampoco aceptaría que se responsabilizara colectivamente a los votantes de cualquier otro partido. Pero sí creo que quienes gobiernan deben asumir el escrutinio público y responder por su gestión, especialmente cuando está en juego la seguridad de las personas.

Y los ciudadanos tenemos también una responsabilidad: no renunciar a nuestro criterio por lealtad partidista.

Me preocupa profundamente el futuro de España. Me preocupa que nos acostumbremos a las desgracias, que normalicemos las sospechas de corrupción y que terminemos aceptando como inevitable aquello que jamás debería serlo.

Por eso considero imprescindible un cambio político. No quiero otros cuatro años de un Gobierno socialista que, a mi juicio, ha perdido la confianza necesaria para afrontar los grandes problemas de nuestro país.

Y deseo que, cuando llegue el momento de votar, tanto en España como en Guardamar, cada ciudadano reflexione con libertad, memoria y sentido crítico sobre la gestión de quienes han tenido responsabilidades de gobierno.

Porque las elecciones no deberían ser una competición entre fanáticos, sino una oportunidad democrática para exigir resultados, honestidad y responsabilidad.

Termino con las mismas preguntas que llevan días rondándome la cabeza:

¿Qué más tiene que pasar en España para que reaccionemos? ¿Cuántas tragedias, cuántas familias destrozadas y cuántas vidas perdidas necesitamos para comprender que la seguridad de nuestros ciudadanos debe estar por encima de cualquier interés político?

Ojalá no tengamos que lamentar otra desgracia para empezar a exigir lo que siempre debió ser irrenunciable.

Porque ningún cargo, ningún partido y ninguna ideología valen más que una vida humana.

imágenes: IG