El retraso del nuevo contrato del bus ya tiene coste para Guardamar

La sentencia del TSJCV deja una conclusión incómoda para Guardamar: prolongar un servicio público sin contrato vigente no elimina sus obligaciones, sino que puede acabar trasladando un coste a los vecinos. El Ayuntamiento debe explicar cómo se ha llegado a esta situación y acelerar una nueva licitación que, según el alcalde, lleva dos años pendiente y continúa atascada en el aspecto técnico.

El tribunal ha estimado el recurso de Avanza Movilidad Levante y anulado el acuerdo plenario del 4 de octubre de 2024, que imponía a la empresa mantener el autobús urbano hasta el 30 de octubre de 2026 o hasta una nueva adjudicación. La resolución considera que no cabe prorrogar un contrato extinguido mediante una decisión unilateral del pleno y reconoce el derecho de la concesionaria a ser compensada por continuar prestando el servicio.

La factura todavía no está cerrada. La indemnización se calculará restando los costes a los ingresos, con un 6 % de beneficio industrial y los intereses, por el periodo señalado y mientras la empresa siga operando. El contrato, formalizado en 2003, supera los 300.000 euros anuales; en 2021 su duración se amplió un 15 % por el impacto de la covid, hasta octubre de 2024. Son datos que obligan a tratar la gestión contractual con rigor: mantener el servicio es necesario, pero hacerlo sin una adjudicación a tiempo no puede convertirse en una solución indefinida.

El alcalde, José Luis Sáez, ha indicado que el servicio seguirá en precario y con las condiciones actuales durante un tiempo indeterminado. La continuidad puede evitar una interrupción para los usuarios, pero no sustituye la obligación de planificar, licitar y ofrecer seguridad jurídica. Tampoco basta con esperar a que se determine la indemnización: la resolución judicial evidencia que la demora tiene consecuencias.