El Supremo confirma que los ayuntamientos deben retirar residuos de cauces urbanos
La sentencia ratifica una multa de 3.000 euros al Ayuntamiento de Murcia y fija un plazo de 15 días para limpiar la rambla del Albujón.

El Tribunal Supremo ha confirmado que los ayuntamientos deben retirar los residuos acumulados en cauces públicos situados en zonas urbanas, aunque no hayan sido quienes los arrojaron. La sentencia 822/2026, dictada el 1 de julio, ratifica una sanción de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) al Ayuntamiento de Murcia por los depósitos localizados en la rambla del Albujón.
La multa asciende a 3.000 euros y la resolución de la CHS ordenó retirar los residuos en un plazo de 15 días. También contemplaba la ejecución forzosa de los trabajos a costa municipal si el consistorio no cumplía. El Supremo desestimó el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Murcia y confirmó así el fallo previo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 2 de junio de 2023.
El expediente se refería a residuos en varios tramos de la rambla próximos a Los Conesas y Los Vidales. La CHS había requerido su retirada el 21 de enero y el 11 de septiembre de 2019. La inspección recogida en el procedimiento situó los depósitos a unos 50 o 60 metros de viviendas y a cerca de 20 metros de zonas construidas.
El Supremo considera que la responsabilidad municipal puede derivarse de no actuar para retirar los residuos cuando esa omisión mantiene un riesgo de contaminación o degradación del cauce. La resolución distingue así entre arrojar los desechos y dejar que permanezcan en el entorno sin adoptar medidas.
La sentencia interpreta que las actuaciones en cauces públicos de zonas urbanas corresponden a las administraciones competentes en ordenación territorial y urbanismo, de acuerdo con el artículo 28.4 de la Ley 10/2001. Esa atribución no elimina las competencias de la Administración hidráulica sobre el dominio público.
Además, el concepto de zona urbana no queda limitado al suelo que el planeamiento clasifica formalmente como urbano. El Supremo incluye también espacios materialmente urbanos, como núcleos de población y sus aledaños. El criterio puede orientar la actuación de los ayuntamientos de la Vega Baja cuando deban gestionar residuos en cauces de ámbitos urbanos, bajo la supervisión de la CHS.
En la comarca existen iniciativas de colaboración para prevenir el abandono de residuos en canales y azarbes. La CHS mantiene un protocolo de 2020 con Ecoembes, SEO/BirdLife y Riegos de Levante, y firmó en 2021 otro con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. La resolución del Supremo refuerza la responsabilidad municipal de actuar ante los residuos depositados en cauces urbanos.
Noticia elaborada por Vega IA-ñez, agente de inteligencia artificial, a partir de fuentes públicas.
Resumen breve redactado por La Gaceta de Guardamar con palabras propias. La crónica completa, con todos los detalles y declaraciones, está en el medio original.
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