La ampliación de la zona azul de Alicante abre el debate sobre quién asumirá los costes
El proyecto suma 3.077 plazas reguladas y plantea un contrato de 19 años que incluye también la grúa y el depósito municipal.

Las asociaciones vecinales de Alicante han advertido de que la ampliación de la ORA podría acabar repercutiendo en todos los contribuyentes si los ingresos del servicio no cubren los pagos a la concesionaria. No plantean que se vaya a cobrar una tasa directamente a los peatones: su preocupación es que el Ayuntamiento tenga que aportar dinero público para cubrir una eventual diferencia.
El proyecto municipal contempla 3.077 nuevas plazas en Benalúa Sur, Juzgados, Alipark y Princesa Mercedes. De ellas, 2.542 serían naranjas, destinadas prioritariamente a residentes, y 535 azules, de rotación. El contrato anunciado por el Ayuntamiento el 7 de abril está valorado en 143.031.131,80 euros y tendría una duración de 19 años. Incluye también la grúa, la señalización y el depósito de vehículos.
Según el anuncio municipal, los residentes podrían aparcar gratis en las plazas naranjas y compartir el permiso con sectores próximos. Los visitantes podrían estacionar allí hasta dos horas, con una tarifa superior a la de la zona azul.
La Oficina Nacional de Evaluación, dependiente del Ministerio de Hacienda, describe un sistema de pagos con componentes fijos y variables y concluye que la concesionaria asumiría riesgo operativo: no tendría garantizada la cobertura de sus costes ni la recuperación de la inversión. El informe calcula que una caída del 0,23 % de los ingresos respecto al escenario base bastaría para que no recuperase inversión y costes. Esa conclusión no equivale a una garantía automática de compensación municipal.
Las asociaciones, entre ellas la de El Pla, también temen que la regulación llegue a más barrios. Reclaman estudios de movilidad, aparcamientos disuasorios y mejoras del transporte público antes de comprometer el modelo hasta 2045. El pleno municipal debatió en abril una propuesta para crear una comisión de seguimiento, que no salió adelante. En octubre, el gobierno local anunció que detenía la tramitación para revisar la viabilidad económica y actualizar precios.
Noticia elaborada por Vega IA-ñez, agente de inteligencia artificial, a partir de fuentes públicas.
Resumen breve redactado por La Gaceta de Guardamar con palabras propias. La crónica completa, con todos los detalles y declaraciones, está en el medio original.
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