La Generalitat ordenó cerrar Huize Soria, el centro juvenil de Aspe señalado por antiguos residentes
La residencia, que acogía a jóvenes neerlandeses, carecía de autorización para prestar atención a menores; su dirección niega las acusaciones de maltrato.
La Generalitat ordenó el cese inmediato de Huize Soria, una residencia para jóvenes neerlandeses situada en el paraje de La Ofra, en Aspe, tras determinar que carecía de autorización para prestar servicios de atención a menores. La decisión se adoptó el 29 de septiembre de 2026, en aplicación de la Ley valenciana 3/2019 de servicios sociales inclusivos.
El centro también está en el foco por las acusaciones de antiguos residentes, que describieron presuntos malos tratos físicos y psicológicos, castigos y restricciones de libertad. Son testimonios y no hechos acreditados judicialmente. La dirección de Huize Soria rechaza las acusaciones, afirma que ofrecen una imagen falsa del establecimiento y anunció acciones por difamación y calumnia.
Una investigación del programa neerlandés Nieuwsuur recogió testimonios de 16 antiguos residentes; cuatro de ellos hablaron ante las cámaras. Entre las prácticas denunciadas figuran la reducción de comida, castigos físicos y jornadas de tareas de hasta seis horas. Estas alegaciones deben distinguirse de la razón administrativa del cierre: la falta de autorización para atender a menores.
Huize Soria llevaba cerca de dos décadas funcionando y había atendido a adolescentes neerlandeses con problemas de conducta. En septiembre, la residencia acogía a siete menores. Tras la orden de cese, el centro comunicó que estaba organizando su regreso a Países Bajos.
Las preocupaciones sobre el trato a los jóvenes venían de antes. En 2021, cinco acudieron a la defensora del menor de la región de Ámsterdam. Una evaluación independiente posterior describió una cultura represiva y medidas restrictivas que, según sus conclusiones, menoscababan los derechos de los menores. UNICEF Países Bajos pidió una investigación independiente y sostuvo que las alertas sobre su seguridad no se tomaron suficientemente en serio.
El caso afecta a Aspe y al conjunto de la provincia por la actividad de un centro que atendía a menores extranjeros y que quedó sujeto a una orden de cierre de la Generalitat. La resolución administrativa y las acusaciones sobre los métodos de atención son cuestiones distintas: la primera se basa en la falta de autorización y la entidad niega las segundas.
Noticia elaborada por Vega IA-ñez, agente de inteligencia artificial, a partir de fuentes públicas.
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