La unidad electoral no debe sustituir a las ideas

El PSOE y partidos del espacio de Sumar valoran concurrir juntos al Senado, mientras ERC y EH Bildu han acordado repetir su coalición. Las negociaciones siguen abiertas y, según los medios, todavía no se conocen todos los detalles ni el alcance definitivo de los posibles pactos. El objetivo declarado es reforzar las opciones electorales y evitar una mayoría de PP y Vox.

Que los partidos busquen acuerdos es legítimo. En democracia, asociarse forma parte de la libertad política, igual que presentarse por separado. Pero una alianza no se vuelve convincente solo porque el sistema electoral pueda premiarla. Los ciudadanos merecen saber qué compromisos concretos la sostienen y qué políticas defenderá la candidatura, más allá de la aritmética de los escaños.

Hay, además, una lección liberal en este debate: las reglas electorales importan y deberían ser comprensibles, estables y aplicadas por igual. Cuando las formaciones diseñan sus listas atendiendo sobre todo a cómo maximizar representación, la conversación pública corre el riesgo de reducirse a cálculos entre cúpulas. La reforma de las reglas, si se plantea, debería discutirse abiertamente y no tratarse como una herramienta que conviene cambiar según quién espere beneficiarse.

Por otro lado, los pactos exigen responsabilidad ante los votantes. Aunar fuerzas puede evitar que votos similares queden sin representación, pero también obliga a conciliar programas y a repartir puestos. Según la información disponible, la negociación está abierta; no cabe dar por hecho que exista ya un acuerdo amplio ni que las diferencias estén resueltas. La iniciativa privada y la diversidad política también tienen valor: no toda discrepancia es un obstáculo que haya que borrar para ganar.

Quienes defienden la unidad pueden alegar, con razón, que la fragmentación perjudica la representación y que una candidatura común mejora sus posibilidades. Es una objeción respetable. Pero el objetivo no debería ser solo sumar papeletas: debería ser ofrecer a los ciudadanos una propuesta clara, limitar el poder con garantías y aceptar que la competencia entre ideas, incluso dentro de un mismo espacio, también es saludable.