Menos oferta turística: regular no debería significar ahuyentar la inversión

La oferta de plazas en viviendas turísticas de Alicante habría descendido un 11,3 % durante el verano respecto al mismo periodo del año anterior. La caída se relaciona con la suspensión de nuevas autorizaciones para bloques de viviendas turísticas. Sin embargo, la información disponible no aclara si el dato corresponde a la ciudad o a la provincia ni permite evaluar con precisión sus causas.

La primera cuestión es qué problema se quiere resolver y con qué resultados. Si el objetivo es facilitar el acceso a la vivienda, reducir la oferta turística no demuestra por sí solo que aumente la disponibilidad de alquiler residencial ni que bajen los precios. Para justificar una restricción hace falta medir sus efectos y explicar por qué esa medida es más eficaz que otras. Sin evaluación pública, el debate corre el riesgo de confundir una decisión visible con una solución acreditada.

La segunda es el coste de tratar la inversión como una actividad sospechosa. Una vivienda es también propiedad privada y, dentro de la ley, su titular debería poder decidir su uso. Las normas pueden fijar límites y proteger a los vecinos, pero deben ser claras, proporcionadas y previsibles. Cambiar las reglas o cerrar la puerta a nuevas autorizaciones afecta a quienes emprenden y puede alimentar la percepción de que invertir en vivienda ya no merece la pena. No es una consecuencia que pueda darse por probada aquí, pero sí un riesgo que las administraciones deberían valorar, no ignorar.

También falta transparencia para juzgar la política. Antes de celebrar una reducción o presentarla como un fracaso, convendría publicar datos comparables, distinguir entre Alicante ciudad y provincia y explicar qué parte del descenso responde a la moratoria. Gobernar con datos exige algo más que anunciar una cifra: obliga a rendir cuentas sobre los efectos y a revisar las medidas si no cumplen su propósito.

Quienes reclaman límites tienen una objeción atendible: la presión turística puede perjudicar la convivencia y dificultar el acceso a la vivienda. Ese problema merece respuesta. Pero proteger a los residentes no exige presumir que toda inversión es dañina; exige reglas equilibradas, evidencia y respeto tanto a los vecinos como a los propietarios.