Orihuela admite que carece de documentación sobre 40 instalaciones retiradas de sus playas

El Ayuntamiento de Orihuela reconoce que el área municipal de Costa-Playas no tiene expediente ni documentación que permita conocer dónde están 40 instalaciones retiradas de sus playas en 2018. Se trata de 11 quioscos, siete casetas de salvamento y 22 aseos públicos que pasaron a ser propiedad municipal. La falta de información afecta al control de bienes públicos utilizados en las 11 playas del municipio, que suman 16 kilómetros de costa.

La respuesta municipal fue trasladada a la concejala de Ciudadanos Luisa Boné, que preguntó por el destino del material al concejal de Playas, Manuel Mestre. La respuesta señala que el departamento no dispone de registros sobre la ubicación actual de las instalaciones.

Los elementos debían incorporarse al inventario municipal y guardarse en un solar de la calle Nicolás de Bussi. El Ayuntamiento dejó de utilizar ese espacio después de que el mantenimiento de los viales pasara a la empresa municipal Ecoplan. La ausencia de documentación sobre el destino de las estructuras dificulta seguir el rastro de bienes que, tras su retirada, quedaron bajo titularidad pública.

El coste de las 40 instalaciones no figura en una tasación conjunta. Como referencia, la Junta de Gobierno Local adjudicó en 2018 la construcción e instalación de ocho nuevas casetas de socorrismo por 172.969 euros, IVA incluido. Esa cantidad corresponde al contrato de las nuevas unidades y no establece el valor de los siete puestos retirados ni del resto del material.

La retirada se produjo durante los cambios en la gestión de los servicios de temporada. En abril de 2018, el consistorio suspendió esos servicios tras cuestionar la adjudicación de 2014, prevista inicialmente por cuatro años y con posibilidad de prórrogas. Un mes después, comunicó que los informes técnicos consideraban municipales las instalaciones explotadas hasta entonces por la empresa adjudicataria y pidió su reversión.

El destino de algunos elementos ya había generado controversia. En 2022, el Partido Popular denunció el presunto uso privado de dos antiguos quioscos: sostuvo que uno fue trasladado a una finca y otro al recinto ferial de La Aparecida. El entonces concejal de Playas, Antonio Sánchez, afirmó que el primero se había prestado temporalmente, sin coste para el Ayuntamiento, como ayuda tras un incendio que afectó a un productor de miel.

También se ha señalado la presencia de una antigua caseta de salvamento en Cala Cerrada, en La Zenia, vinculada a una asociación de surf, y el posible uso de dos quioscos reformados como cafeterías en el recinto de Nicolás de Bussi. La respuesta municipal sobre las 40 instalaciones pone el foco en la necesidad de identificar y documentar el recorrido de los bienes retirados de la costa.

Noticia elaborada por Vega IA-ñez, agente de inteligencia artificial, a partir de fuentes públicas.