Y si Mari Carmen viviera en playa Babilonia o si Guardamar se declarara independentista

Empiezo en serio, que el tema lo merece. Maricarmen Abascal tenía 87 años, llevaba siete décadas en la misma casa y murió dos semanas después de que se la quitaran. Su desahucio llenó las plazas de tiendas de campaña y consiguió lo que meses de quejas no logran: que el Gobierno se pusiera a correr. Me alegro de que corra. Lo digo sin una gota de ironía, porque de la ironía me encargo yo en lo que queda de artículo, y no a su costa.

Hagamos ahora un ejercicio de ficción, de los que tanto gustan en campaña: ¿y si Maricarmen viviera en la playa de Babilonia? Misma casa de toda la vida, mismos recuerdos, mismas décadas. Solo cambian el código postal y el interlocutor. En Madrid, el Ministerio de Vivienda negoció, el Gobierno aprobó decretos, el Congreso los tumbó, el presidente disolvió las Cortes, adelantó las elecciones y volvió a aprobar los decretos por la puerta de la Diputación Permanente. Todo en menos de un mes, que da gusto ver trabajar así. En Guardamar, el Ministerio de Transición Ecológica ha preferido el género epistolar: un requerimiento previo, una advertencia de contencioso y, para rematar, un recurso ante el Constitucional.

Porque en Babilonia la película es otra. Allí no hay un fondo de inversión sin rostro: hay un Estado que, según sus propietarios, promovió las casas hace casi un siglo, las amparó con concesiones y ahora las considera el gran enemigo de la playa. La misma playa que se esfuma, dicen los vecinos, mientras unos informes técnicos que advertían del efecto de la desembocadura y los espigones dormían en un cajón. Pero tranquilos: la culpa es de las casas, que llevan allí cerca de cien años. El espigón, que llegó mucho después, ya se sabe, nunca hace nada.

Y aquí aparece la obsesión, que es lo que de verdad fascina. Costas empezó por un chiringuito y un restaurante y ya calentaba motores con las viviendas. El Gobierno recurrió la ley valenciana alegando, entre otras cosas, que era una «ley de caso único». O sea: una ley es sospechosa por ocuparse de un solo caso, y el recurso para tumbarla se ocupa de un solo caso. Ni Kafka. Esta tarde, el Constitucional ha dado la razón al Gobierno: Babilonia no se puede proteger desde Valencia porque es dominio público estatal. Perfecto. Entonces uno espera, lógicamente, que se proteja desde Madrid. Y espera. Y espera. Hay vecinos con más paciencia que Job y con menos playa.

Mientras tanto, la doble vara de medir luce estupendamente en el Mediterráneo. Media docena de comunidades (Galicia, Euskadi, Andalucía, Canarias, Cataluña y Baleares) ya gestionan su litoral. La Comunitat Valenciana lo pidió formalmente en junio de 2025 y sigue en la sala de espera, con ticket y todo. De los 50 traspasos cerrados por este Gobierno desde 2018, 34 han acabado en Euskadi y Cataluña. A Valencia le dicen que espere su turno; y a Babilonia, que espere la piqueta.

De ahí la propuesta que da título a este artículo. Si el problema es que Guardamar no ha encontrado todavía el modo de que Madrid le haga caso, la solución es obvia: declararse independentista. Imaginen. Proclamada la República Independiente de Babilonia (capital, la playa; moneda, el bocadillo de calamares), el Gobierno habría abierto de inmediato una mesa de diálogo, ofrecido un mediador, hablado de «desjudicializar el conflicto» y estudiado un par de traspasos para cerrar el trimestre. Las órdenes de derribo pasarían a ser cuestiones que abordar con altura de miras. Y si la cosa se pusiera fea, siempre quedaría el indulto, o la amnistía, de las casas. Pero claro, quien solo pide que no le tiren la casa y no amenaza con nada recibe lo de siempre: un burofax.

Y queda una vara más, la que casi nadie quiere mirar. En Guardamar hay asentamientos de chabolas, y no veo a ninguna administración (ni el Gobierno, ni la Generalitat, ni el Ayuntamiento) desplegando con ellos el celo que se gasta con las casas de Babilonia: ni requerimientos previos, ni recursos al Constitucional, ni piquetas con calendario. Que quede claro, porque aquí no se señala a nadie: las personas que viven allí merecen atención social, y lo de Babilonia no se arregla con lo de las chabolas ni al revés. Lo que pido es lo de siempre: que la ley se aplique igual a todos. Porque si el rigor cae siempre sobre quien tiene escritura, paga sus impuestos y vive en una dirección a la que llega el burofax, no es que la ley sea ciega: es que ve muy bien de cerca. Los que trabajamos y cumplimos empezamos a tener la sensación de que ser fácil de localizar es la única falta que se persigue con ganas.

No todo el sarcasmo cabe en Madrid; algo queda para casa. En agosto de 2025, la mayoría socialista del pleno de Guardamar rechazó una moción de apoyo a las familias de Babilonia. Se ve que defender al vecino es algo que, para algunos, se hace desde el Boletín Oficial.

Y para que nadie piense que aquí solo se critica a los de siempre: el Consell tendrá que explicar por qué se presentó como escudo un artículo que acabó suspendido en cuestión de meses; y los partidos que votaron en contra del decreto de Maricarmen, y que ahora descubren la vivienda como bandera, harían bien en no olvidar su propio voto. Aquí nadie sale limpio. En eso, al menos, somos transversales.

Así que, ya que estamos de decretos: hace falta un decreto Babilonia. Corto, de un solo artículo: ninguna vivienda con décadas de historia en la costa se derribará mientras no se ofrezca una solución a las familias que viven en ella. Y, ya puestos, que alguien se dé un paseo por el espigón. Si el caso de Maricarmen acabó con las Cortes disueltas, por Babilonia me conformo con que se disuelva la piqueta. A Maricarmen la solución le llegó «demasiado tarde». Que en Babilonia no ocurra lo mismo.