Cambiar también es democracia

No hace falta ser de derechas para sentirse incómodo. Basta con haber votado alguna vez a la izquierda con la convicción de que era la opción más decente y mirar ahora lo ocurrido en los últimos años con la misma exigencia que aplicaríamos al adversario. Este texto no pide a nadie que cambie de ideas. Le pide algo más difícil: que no cambie de vara de medir según quién gobierne.

Lo que ya no es opinión

Hay asuntos que no dependen de la ideología, sino de las sentencias. El Supremo ha condenado a José Luis Ábalos, que fue ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, a más de veinticuatro años de prisión por el caso de las mascarillas, y a su asesor, Koldo García, a casi veinte. En la Audiencia Nacional siguen abiertas causas sobre adjudicaciones de obra pública, sobre la posible financiación irregular del partido y sobre una supuesta trama para desacreditar a jueces, fiscales y guardias civiles. El fiscal general del Estado, nombrado por este Gobierno, fue condenado por el Supremo y tuvo que dimitir. Y la esposa y el hermano del presidente afrontan sus propios procesos, en los que, conviene subrayarlo, rige la presunción de inocencia: la sentencia del hermano está recurrida y, en el caso de Begoña Gómez, la Fiscalía pide la absolución.

Nadie está obligado a dar por buena cada acusación. Pero sí cabe hacerse una pregunta honesta: si todo esto rodeara a un Gobierno del Partido Popular, ¿cómo lo juzgaríamos? Seguramente diríamos que un presidente no puede seguir como si nada mientras su número tres de ayer está en prisión, y que atribuirlo todo a una campaña de jueces y periodistas es la respuesta de siempre del poder que no quiere rendir cuentas.

El precio de seguir en el poder

A la corrupción se suma algo menos visible pero igual de serio: la forma de conservar el poder. La amnistía a quienes impulsaron el proceso independentista en Cataluña fue durante años algo que el propio presidente consideraba inconstitucional, hasta que necesitó siete votos para ser investido. La financiación singular para Cataluña, los acuerdos con Junts y con Bildu y la renuncia a aprobar unos presupuestos nuevos dibujan un Gobierno que no gobierna con un proyecto, sino con lo que le permiten sus socios. Prueba de ello es que esos mismos socios le han tumbado medidas de vivienda en plena crisis de los alquileres, con miles de personas en la calle.

Se puede estar de acuerdo con la amnistía o con la regularización de inmigrantes. Lo que resulta difícil justificar es que decisiones de ese calado no se tomen por convicción ni tras un gran acuerdo nacional, sino como moneda de cambio para permanecer en La Moncloa.

Las cifras y la calle

Se dirá que la economía crece por encima de la media europea, que hay récord de afiliados a la Seguridad Social y que el salario mínimo ha subido. Son datos ciertos. Pero un país no se vive en las estadísticas, sino en la cola del centro de salud, en el precio de la compra y en el alquiler que pagan los hijos.

Y ahí la realidad es otra. Muchas familias que trabajan llegan peor a fin de mes que hace unos años: los precios han subido más que los sueldos, y Hacienda se queda con una parte mayor de cada subida porque el IRPF no se ha ajustado a la inflación. Para la mayoría de los jóvenes, independizarse se ha convertido en una meta lejana; un alquiler puede llevarse más de la mitad de un sueldo. Conseguir cita con el médico de cabecera cuesta días o semanas, las listas de espera para un especialista o una operación se cuentan por meses y en muchos servicios públicos la sensación es la misma: se paga más y se recibe menos.

Se dirá también que la sanidad o la educación las gestionan las comunidades autónomas, y es verdad en parte. Pero el Gobierno de la nación decide la presión fiscal, el sistema de financiación, la política de vivienda y la estabilidad que permite planificar. Un crecimiento que no se nota en la vida de la gente no es un éxito que se pueda reivindicar: es una estadística que el ciudadano no reconoce.

Por qué importa la alternancia

La democracia no consiste solo en votar cada cuatro años. Consiste, sobre todo, en que el poder sepa que puede perderlo. Karl Popper lo resumió de forma sencilla: lo decisivo de una democracia no es quién gobierna, sino que podamos sustituir a los gobernantes sin derramar sangre.

Cuando un mismo partido se acostumbra al poder, ocurre algo que no tiene que ver con la izquierda o la derecha, sino con la naturaleza humana. Las instituciones se van llenando de personas de confianza: el CIS, la televisión pública, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional. Los controles se perciben como obstáculos. Las críticas se interpretan como ataques. Y lo que antes habría provocado una dimisión pasa a ser algo que «hay que contextualizar».

España lo ha visto con todos los colores. El largo ciclo socialista de los años ochenta y noventa acabó entre los casos Filesa, Roldán y los GAL. El Partido Popular perdió el poder en 2018 tras la sentencia de la Gürtel, mediante una moción de censura que el propio Pedro Sánchez defendió con un argumento impecable: un Gobierno salpicado por la corrupción no puede seguir. Aquella vez la alternancia funcionó como debía. La regla no puede valer solo cuando nos conviene.

Un voto no es un carné

Muchos votantes de izquierda sienten que no votar al PSOE es traicionar algo: su historia, su familia, sus valores. Pero los valores no pertenecen a un partido. Quien cree en la igualdad, en lo público y en la honradez de los gobernantes puede concluir, precisamente por esas convicciones, que un tiempo en la oposición sería sano para su propio partido. Los partidos se regeneran en la oposición, no en el poder: allí cambian de dirigentes, revisan sus errores y vuelven con un proyecto más limpio.

También hay quien teme la alternativa. Es legítimo, y cada lector sabrá valorarlo. Pero el miedo a lo que pueda venir no puede convertirse en un cheque en blanco para lo que ya tenemos. Si aceptamos que cualquier cosa es tolerable con tal de que no gobierne el otro, le estamos diciendo al poder que no tiene límites. Y un poder sin límites, gobierne quien gobierne, es exactamente lo que la democracia existe para evitar.

La pregunta del 29 de noviembre

No se trata de elegir entre buenos y malos. Se trata de decidir si, después de todo lo ocurrido, el Gobierno merece seguir sin pagar ningún precio político. En una democracia sana, ese precio se paga en las urnas. Es la única sanción que no depende de jueces, fiscales ni tertulianos, sino de cada uno de nosotros.

Votar por la alternancia no es votar contra nadie. Es votar a favor de una idea sencilla: que el poder es prestado, que se presta por un tiempo y que hay que saber retirarlo cuando se ha usado mal. Esa idea no es de derechas ni de izquierdas. Es, simplemente, la democracia.