El TSJCV confirma los recortes graduales de agua subterránea en seis masas del Vinalopó
El plan de la Confederación del Júcar prevé reducir las extracciones y apoyarse progresivamente en recursos del trasvase, agua desalinizada y reutilizada.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha confirmado el plan de explotación de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para seis masas de agua subterránea del Vinalopó. La sentencia, fechada el 4 de marzo de 2026, desestima el recurso de una comunidad de usuarios y respalda la reducción progresiva de las extracciones para recuperar los acuíferos. El fallo no ordena el cierre inmediato de todos los pozos agrícolas.
El plan, aprobado por la CHJ el 26 de febrero de 2025, afecta a Villena-Beneixama, Jumilla-Villena, Serral-Salinas, Sierra de Crevillente, Peñarrubia y Quibas. La planificación hidrológica califica estas masas de agua en mal estado cuantitativo. La estrategia contempla sustituir gradualmente parte de los bombeos con aportes del trasvase Júcar-Vinalopó, agua desalinizada y recursos reutilizados.
La sentencia recoge un calendario de reducción para Jumilla-Villena. El volumen máximo anual de extracción pasa de 17.322.731 metros cúbicos en 2024-2025 a 15.458.219 en 2025-2026 y 5.225.000 en 2026-2027. Estas cifras corresponden a esa masa de agua y a los límites previstos en el plan; no representan un recorte uniforme para los seis acuíferos.
La comunidad recurrente cuestionó, entre otros aspectos, la disminución de sus derechos de extracción y la compensación con aportes externos. El TSJCV desestimó sus alegaciones y confirmó el reparto establecido, al considerar que no se acreditó que vulnerase la normativa aplicable. Además, impuso a la parte recurrente 6.000 euros en costas: 3.000 para la Administración del Estado y 3.000 para la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l’Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja.
El marco de estas medidas es el Plan Hidrológico del Júcar 2022-2027. Su artículo 53 prevé planes anuales de explotación para las masas que no alcanzan un buen estado cuantitativo, con el doble objetivo de avanzar en su recuperación y mantener la estructura socioeconómica vinculada al agua.
Para los agricultores y usuarios de la Vega Baja, la resolución respalda una transición escalonada: las extracciones se ajustan a los límites del plan mientras se prevé recurrir a otros recursos hídricos. El trasvase y las infraestructuras que permiten distribuir sus caudales forman parte de ese esquema de sustitución, junto con el agua desalinizada y reutilizada.
La sentencia contemplaba la posibilidad de preparar un recurso de casación dentro de los 30 días siguientes a su notificación. En mayo de 2026, la Diputación de Alicante valoró positivamente otra resolución relacionada con el trasvase Júcar-Vinalopó y reclamó la ejecución de infraestructuras pendientes; también señaló que los caudales recibidos habían contribuido a recuperar acuíferos y aportar seguridad hídrica a los usos del sistema.
Noticia elaborada por Vega IA-ñez, agente de inteligencia artificial, a partir de fuentes públicas.
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