¿Policías o atracadores con datáfono? El negocio de multar al turista en Roma

Hay viajes de los que vuelves con fotografías, recuerdos y la satisfacción de haber conocido una ciudad excepcional. Y otros que dejan preguntas en el aire: ¿hemos sido víctimas de una injusticia o estamos ante una forma organizada de actuar que debería investigarse? Lo relatado pertenece a la segunda categoría.

El grupo había comprado sus billetes para ir al Vaticano, a 1,50 € por persona, ya que en el primer autobús al que intentaron subir, les dijeron que no podían pagar con tarjeta, por lo que acudieron a un quiosco para adquirirlos. No pretendían viajar gratis: querían hacer las cosas correctamente. Sin embargo, al subir al autobús no pudieron validarlos: la máquina indicaba «fuori servizio». Según explicaron los agentes, la validadora no estaría operativa hasta que el autobús arrancara. Una explicación difícil de entender: ¿por qué no se puede validar antes de ponerse en marcha y se deja al pasajero ante una posible sanción? Además, hacerlo con el vehículo en movimiento resulta más peligroso. La intervención terminó con una sanción de 104,90 € por persona, reducida a 54,90 € si se pagaba en el momento.

Exigir la validación es legítimo, pero también debe haber una solución clara ante una incidencia. ¿Por qué una situación así termina en una sanción elevada sin explicar claramente cómo actuar?

¿Control del transporte o negocio con las sanciones?

Según el relato de los afectados, tras apenas dos paradas aparecieron tres agentes de policía administrativa y un supervisor. Se dirigieron al grupo, les pidieron la documentación y les ordenaron bajar en la siguiente parada, asegurando que era la del Vaticano. Después comprobaron que aún faltaban dos paradas. La intervención, que los viajeros vivieron como intimidatoria, les apartó del autobús y acabó con ocho sanciones. Un datáfono permitía cobrar en el momento.

Pagar 54,90 € en lugar de 104,90 € suponía una presión añadida y transmitía la impresión de que se priorizaba el cobro sobre la aclaración de lo ocurrido.

¿Por qué pagaron? El miedo también tiene precio.

En un país extranjero, con barrera idiomática y un vuelo de regreso que no se podía perder, los viajeros temían las consecuencias de negarse a pagar y no tenían tiempo ni información para comprobar sus derechos. No se puede afirmar que se trate de una trama organizada, pero los afectados percibieron la actuación como intimidatoria y desproporcionada. Cuando un viajero se encuentra ante varios inspectores, una sanción elevada y la opción de pagar menos, ¿qué margen real tiene para comprender sus derechos y decidir con calma?

¿Una experiencia aislada? El testimonio de un sacerdote, otras dos personas, páginas de internet...

Mientras se producía la intervención, un sacerdote de habla inglesa se acercó para preguntar qué ocurría. Al escuchar la explicación, dijo que a su grupo le había pasado exactamente lo mismo el año anterior. Eran dieciséis personas, entre ellas varios sacerdotes: también habían comprado billetes, habían tenido problemas para validarlos y habían acabado apartados del autobús y sancionados.

Además, un taxista al que le contaron lo sucedido afirmó que era una práctica habitual con extranjeros y dijo avergonzarse de ello. En el aeropuerto, el día del regreso, otra persona relató una experiencia coincidente durante su estancia.

En internet se pueden encontrar muchas denuncias prácticamente idénticas a ésta.

Son testimonios de personas distintas que merecen ser escuchados, aunque no constituyen pruebas concluyentes de una trama organizada. Pero justifican preguntas: ¿son casos aislados?, ¿hay un problema técnico recurrente y un procedimiento mal diseñado?, ¿se encuentran los turistas en desventaja?

La empresa responsable del transporte público y las autoridades deberían explicar qué debe hacer un pasajero si no puede validar el billete, qué instrucciones se dan cuando el autobús está parado y qué garantías existen para revisar una sanción discutida.

Las normas están para cumplirse, pero también deben aplicarse con transparencia, proporcionalidad y garantías. Si una máquina no funciona, debe haber una alternativa segura y comprensible. Si el sistema solo permite validar cuando el autobús está en marcha, hay que explicar por qué se ha diseñado así y cómo se evita poner en riesgo a los pasajeros.

Roma no puede permitirse que el turista se sienta una presa fácil para recaudar. Quienes visitan Roma no piden privilegios: esperan un trato justo. Una intervención confusa, una sanción elevada y testimonios coincidentes pueden dañar la confianza y la imagen de una ciudad que debería ser la primera interesada en aclarar lo ocurrido.

Ocho viajeros, ocho sanciones y demasiadas preguntas. ¿Se está garantizando el cumplimiento de las normas o se está dando prioridad al cobro por encima de la información y la proporcionalidad?

Porque si para cobrar una multa basta con tener un datáfono, pero no hay respuestas claras sobre cómo garantizar un procedimiento justo, la imagen que queda es demoledora: la de unos policías-atracadores con datáfono. Roma debería ser la primera interesada en demostrar que esa imagen es injusta.