Secuestrados por sorteo: 75 euros por catorce horas

Cinco euros la hora

Empecemos por el dinero, porque es lo que mejor retrata el sistema. La dieta por formar parte de una mesa electoral es de 75 euros, fijada por la Orden INT/650/2026. El Gobierno la subió en junio desde los 70 euros que se pagaban desde 2023 y lo presentó como una mejora: cinco euros. En 2019 eran 65; en 2007, 60. Quince euros de subida en diecinueve años.

La jornada, en cambio, no ha encogido. Presidente y vocales deben estar en el colegio a las ocho de la mañana. Se vota de nueve a ocho de la tarde. Después llegan el recuento, las actas, las reclamaciones de los interventores y los sobres. Y cuando todo ha acabado, el presidente todavía tiene que desplazarse al juzgado para entregar la documentación en mano. En unas generales, con Congreso y Senado, salir a las once de la noche es tener suerte: catorce horas, quince si algo se complica.

Hagan la división: 75 entre 14 son 5,36 euros la hora. El salario mínimo de 2026, fijado por el Real Decreto 126/2026, es de 1.221 euros al mes en catorce pagas, que al cambio ronda los 9,5 euros la hora. El Estado paga por hora poco más de la mitad de lo que él mismo obliga a pagar a cualquier empresario. Y la Orden es tajante: la dieta es la misma con independencia del tiempo que dure la jornada. Si el recuento se alarga hasta la una de la madrugada, el precio no cambia.

El Estatuto de los Trabajadores fija un máximo de nueve horas ordinarias al día y un descanso mínimo de doce horas entre jornadas. Los convenios pagan con recargo el domingo y el festivo. Una jornada de catorce horas un domingo, a precio de hora normal y sin descanso compensatorio, le costaría a cualquier empresa una visita de la Inspección de Trabajo. Valorada al salario mínimo por hora, esa jornada supera los 130 euros; con los pluses de convenio, bastante más. Pagan 75.

La factura se la pasan a otros

Nos dirán que el asalariado tiene un permiso retribuido ese día y cinco horas menos de jornada al día siguiente. Cierto. Fíjense en quién lo paga: la empresa, no el Estado. El Estado le ordena a usted trabajar y le manda la factura a su jefe.

Y si usted es autónomo, está en paro, estudia o está jubilado, no hay permiso que valga: 75 euros y gracias. El comerciante que cierra o paga a alguien que lo cubra, el autónomo que no factura ese día, el camarero que libra el domingo y lo pierde entero. Porque el domingo no es un día laborable cualquiera: es el día de descanso de la mayoría. Nadie se lo devuelve. Se lo quitan y punto.

Todo esto se decide por sorteo. En las municipales y autonómicas de 2023 fueron unas 60.000 mesas, 182.000 titulares y 364.000 suplentes: cerca de 545.000 cartas certificadas. Más de medio millón de familias organizando el fin de semana alrededor de una obligación que nadie pidió.

Funcionario por un día, con el Código Penal en la mano

Porque esto no es un favor que se pide: es una orden con amenaza. El artículo 143 de la Ley Electoral castiga a quien no se presente, abandone la mesa o no comunique su excusa a tiempo con prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses. No es teoría: hay condenas de 900 y de 2.880 euros, y en Palma la Fiscalía llegó a pedir 4.380 euros a un hombre por no presidir una mesa en unas europeas. El artículo 137 añade la inhabilitación para presentarse a unas elecciones.

Más aún: a efectos penales, la propia LOREG considera funcionarios públicos a presidentes y vocales. Durante un día se le aplican a usted los delitos previstos para quienes administran unas elecciones. Todas las responsabilidades de un funcionario y ninguno de sus derechos: ni su sueldo, ni su jornada, ni su descanso, ni su formación.

Las excusas, además, las resuelve la Junta Electoral de Zona con criterio estrecho. Una boda, un viaje ya pagado, un negocio que atender o un hijo pequeño no garantizan nada. Y si la Junta dice que no y usted no va, la Fiscalía actúa de oficio con el acta de la mesa en la mano.

Nadie le ha formado, pero usted responde

Luego está la farsa de la «formación». A usted lo nombran presidente de una mesa, con su cadena de custodia, sus actas, sus votos nulos y sus reclamaciones, y lo preparan con un manual que llega con la carta y un vídeo. Nada más. A las ocho de la mañana de un domingo, tres vecinos que no se conocen tienen que aplicar una ley electoral que no han leído: si vale un DNI caducado, qué hacer con un sobre que lleva dos papeletas, si puede votar quien no aparece en el censo. Y de cada decisión responden ellos.

Cada elección, las Juntas Electorales corrigen actas con errores aritméticos y recuentos que no cuadran. ¿De verdad alguien cree que así se protege la limpieza del proceso? La limpieza de unas elecciones no la garantiza el vecino sorteado: la garantizan los interventores y apoderados de los partidos, las Juntas Electorales, los jueces y un escrutinio que es público. El ciudadano secuestrado no es la garantía. Es la mano de obra barata.

El Estado que no se aplica sus propias normas

Aquí está el fondo del asunto. El mismo Estado que obliga a cada empresa a registrar la hora de entrada y de salida de sus trabajadores no quiere saber a qué hora salió usted del colegio electoral. El mismo Estado que sanciona a un bar por una jornada de diez horas sin descanso organiza, cada elección, medio millón de jornadas de catorce horas sin descanso. El mismo Estado que ha subido el salario mínimo más de un 70 % desde 2017 ha subido la dieta de mesa quince euros desde 2007.

La coartada es conocida: no es un empleo, es un deber ciudadano, y por eso la dieta no es un salario. Perfecto. Si no es trabajo, no hay jornada máxima, ni descanso, ni salario mínimo, ni convenio. Catorce horas de trabajo que, por decreto, no son trabajo. Cuando la norma la tiene que cumplir otro, es intocable; cuando la tiene que cumplir el Estado, se le cambia el nombre.

Deber cívico es votar. Esto es una requisa.

Hay alternativas; lo que no hay es voluntad

No es que no se pueda hacer de otra manera. Es que así sale más barato.

Voluntarios inscritos y bien pagados. Italia forma sus mesas con voluntarios que cobran entre 120 y 150 euros. Alemania combina voluntarios, personas propuestas por los partidos y funcionarios, con turnos de media jornada y compensaciones que en Berlín llegan a 240 euros; obligar a un ciudadano es el último recurso. En el Reino Unido los ayuntamientos contratan y pagan a su personal electoral: entre 200 y 250 euros, y 350 por presidir. Según los datos de la OSCE, solo una decena de países europeos sortean las mesas, y la amenaza de cárcel por no presentarse es una rareza española.

Empleados públicos. Hay cerca de tres millones en España. Ofrézcales la jornada con compensación económica y días libres; saben lo que es un acta y a quién llamar cuando algo falla.

Turnos. Nadie necesita quince horas seguidas detrás de una urna. Dos turnos y más miembros por mesa, como en Alemania.

Pagar lo que vale. Si el sorteo tiene que seguir siendo el último recurso, que al menos se pague como la ley exige a cualquiera: salario mínimo por hora, recargo de festivo y horas extra. Eso son entre 150 y 200 euros, no 75.

Formación real, en horario, pagada y con un responsable localizable durante toda la jornada.

Nada de esto pone en riesgo la limpieza de las elecciones. Un voluntario formado y pagado comete menos errores que un sorteado que no ha leído la ley, y los controles siguen siendo los mismos: interventores, apoderados, Juntas y jueces. Lo que protege el sorteo no es la democracia; es el presupuesto.

La Junta Electoral Central ya dijo en 2021, en plena pandemia, que no podían usarse voluntarios porque la ley no lo permite. Pues cámbiese la ley. Cuarenta años lleva la LOREG en vigor, cuarenta años prometiendo reformarla, y ningún partido ha tocado esto. Funciona demasiado bien: le sale gratis a quien lo decide y lo paga quien no decide nada.

Ya sé lo que me van a decir

Que el sorteo garantiza la neutralidad. No. Lo que garantiza la neutralidad son los interventores de todos los partidos sentados delante de la mesa, las Juntas Electorales y un recuento público. Y el azar no necesita coacción: se puede sortear entre quienes se han apuntado voluntariamente, como hacen otros países. Lo que hace la LOREG no es sortear; es reclutar a la fuerza.

Que es un deber cívico, como el jurado. Llámenlo por su nombre. Un deber cívico se cumple por convicción; lo que se exige bajo amenaza de prisión no es un deber, es una obligación legal. Y las obligaciones legales se regulan y se pagan como lo que son: trabajo.

Que el asalariado no pierde sueldo. ¿Y los autónomos? Como siempre, no existimos. Más de tres millones de personas para las que el permiso retribuido es un chiste: si no abro, no cobro, y si pago a alguien para que me cubra, lo pago yo. El Estado diseña sus obligaciones pensando en una nómina que muchos no tenemos.

Que los voluntarios serían militantes. Puede. ¿Y eso qué justifica? ¿Obligar a alguien en contra de su voluntad? En Alemania la mayoría de los escrutadores los ponen los partidos y las elecciones salen limpias, porque unos vigilan a otros. Aquí ya ocurre lo mismo: cada mesa tiene interventores de cada candidatura. Si lo que faltan son voluntarios neutrales, páguenlos bien y aparecerán.

Que profesionalizarlo costaría decenas de millones. Para eso pago impuestos. El servicio de recogida de basuras también cuesta decenas de millones y no por ahorrárselos bajo yo a barrer la calle. Organizar las generales de 2023 costó 220 millones de euros; Correos se llevó más de 100 y los partidos recibieron 58 en subvenciones. Pagar a cada miembro de mesa 200 euros en lugar de 75 costaría unos 22 millones más. El Estado da 58 millones a los partidos y regatea 22 a los ciudadanos que les hacen el trabajo.

La mili de los domingos

Este país ya ha acabado antes con obligaciones absurdas. Durante décadas, el Estado se llevó a los chavales nueve meses, o un año, a hacer la mili: lo llamaba deber constitucional, les daba una paga de risa y metía en la cárcel a los insumisos. El 31 de diciembre de 2001 se acabó. El Ejército se profesionalizó, funciona mejor y nadie echa de menos el cuartel. Nadie sostuvo entonces que la defensa de España dejaría de ser seria por pagar a quien la presta.

La mesa electoral es la mili de los domingos: el último reducto de un Estado que, en lugar de pagar un servicio, requisa a la gente para prestarlo. Ya va siendo hora de hacer con el sorteo lo que se hizo con el servicio militar: suspenderlo, profesionalizar lo que haga falta y pagar lo que vale.

El 29 de noviembre, cuando vea en televisión las imágenes de las urnas y las colas, acuérdese de los tres vecinos que llevan sentados detrás de la mesa desde las ocho de la mañana, que no saldrán hasta la noche y que responden personalmente de todo lo que allí ocurra. Por 75 euros.

Y acuérdese también de que quienes ese día le piden el voto son los mismos que llevan cuatro décadas sin querer cambiar esto. Es una vergüenza. Una maldita vergüenza. Y lo más grave es que ya ni nos parece raro.