Guardar el aceite propio y comprar el ajeno

El viernes el BOE publicó una resolución que lo resume todo. Las almazaras españolas tendrán que retirar del mercado el 12 % del aceite que produzcan esta campaña, unas 188.000 toneladas, y guardarlo bajo llave hasta septiembre de 2027 para que el precio no se hunda. Una de cada ocho botellas, encerrada por decreto. Y mientras tanto, entre enero y junio España compró a Marruecos casi 19.000 toneladas de aceite de oliva, frente a las 276 del mismo periodo del año anterior; la factura pasó de 641.000 euros a 58 millones. Somos el primer productor mundial de aceite de oliva, y la respuesta de nuestro Gobierno a una buena cosecha es obligar al olivarero de Jaén a guardar la suya mientras entra la de Marruecos en condiciones preferentes pactadas por Bruselas. No es una anécdota. Es el retrato de cuarenta años.

Para entender el tamaño del fracaso hay que volver al principio. Europa no nació como un club de valores ni como una ONG: nació en 1957 como un mercado común. Una unión aduanera con arancel exterior y una Política Agraria Común uno de cuyos principios fundacionales se llamaba, literalmente, preferencia comunitaria. Lo que producía un agricultor europeo tenía prioridad sobre lo que llegaba de fuera; a cambio, el productor aceptaba las reglas, los controles y la competencia de sus vecinos. Esa fue la promesa. España la compró en 1986 y la pagó muy cara: cerramos altos hornos, desguazamos barcos, aceptamos cuotas lácteas por debajo de lo que bebíamos y, con el tiempo, vimos cerrar azucareras. Entregamos industria y campo a cambio de un mercado protegido.

Y aquí está la traición: Europa dejó de cumplir su parte. Un mercado común que firma acuerdos con cualquier tercer país para que abastezca a sus consumidores ya no es un mercado común, es una pasarela. Cada tratado —el de Marruecos, el de Mercosur, el que toque— se negocia con la misma lógica: las fábricas del norte exportan coches y máquinas, y el campo del sur pone la mercancía de cambio. A nuestro agricultor se le exigen las normas fitosanitarias más estrictas del planeta, trazabilidad, cuaderno de campo, fertilizantes limitados, jornales con convenio. A lo que entra por Algeciras se le exige, básicamente, que pase la aduana. Competimos con una mano atada a la espalda y nos lo venden como libre mercado.

Los gobiernos españoles, todos, de cualquier color, han sido los alumnos más aplicados de ese sistema. Durante cuatro décadas han llamado modernidad a vender soberanía: la industrial primero, la alimentaria después, la energética mientras tanto. No recuerdo a un ministro español levantándose de una mesa en Bruselas para defender el aceite, el tomate o la naranja. Y ahora el Gobierno de Pedro Sánchez, el mismo que se fotografía en Rabat estrechando manos, interviene el mercado para que el olivarero almacene su aceite sin tocar ni una coma de lo que entra de fuera. Eso no es incompetencia. Es una elección.

Porque lo que se decide aquí no es el precio del aceite. Es si un país tiene derecho a producir su propia comida, a fabricar sus propias cosas y a proteger a quien lo hace. Un país que no controla lo que come, lo que fabrica ni lo que exporta no es soberano: es un cliente. Y a los clientes no se les pregunta.

Defender nuestras empresas, nuestra industria y nuestro campo no es proteccionismo trasnochado; es lo mínimo que hace cualquier nación que se toma en serio. Lo hace Estados Unidos, lo hace China, lo hace Marruecos. Solo Europa, y dentro de Europa sobre todo España, parece creer que la grandeza consiste en abrir la puerta y apartarse para que pasen los demás.

Hay salida, y no pasa por salir de Europa, sino por obligarla a ser lo que prometió: preferencia comunitaria de verdad; cláusulas espejo, es decir, a lo que entra las mismas exigencias que a lo que se produce aquí; un etiquetado de origen que no se pueda esconder en letra pequeña; una compra pública que priorice lo nacional; y gobiernos capaces de levantarse de la mesa cuando un tratado se paga con el campo español. Y pasa también por nosotros, porque cada compra es un voto: mirar la etiqueta, preguntar de dónde viene, elegir al que paga sus impuestos aquí y da trabajo a nuestros vecinos.

Mientras tanto, 188.000 toneladas de aceite español esperan en un almacén a que el mercado se recupere de lo que el propio Estado le está haciendo. Ese es el estado de la unión.