Los sindicatos ya ni disimulan

Antes, al menos, guardaban las formas: concedían a la derecha cien días de cortesía antes de sacar los silbatos. Ahora convocan la huelga general dieciocho días antes de las urnas y a dos del arranque de la campaña. Hay que agradecerles la sinceridad: nos ahorran el teatro.

Los cien días de cortesía

Hubo un tiempo en que el sindicalismo español tenía su liturgia. Ganaba el PP, se formaba gobierno y CCOO y UGT dejaban pasar un plazo prudencial, como quien espera a que termine el luto para abrir el testamento. En 2012 la cortesía se midió con calendario: la huelga general del 29 de marzo cayó exactamente cien días después de la investidura de Rajoy. Ni noventa y nueve ni ciento uno. Cien. Orfebrería sindical.

En noviembre de aquel mismo año repitieron, por si la primera no había quedado clara. Y antes, en 2002, a Aznar le tocó la suya contra el «decretazo» del desempleo. Era un sistema previsible, casi tranquilizador: la derecha sabía que la pancarta llegaba, pero llegaba con margen y con excusa. Una reforma laboral, un recorte, algo a lo que agarrarse. Se guardaba la apariencia de que la huelga era contra una ley y no contra el inquilino de La Moncloa.

Honestidad obliga: a Felipe González también le cayeron las suyas en 1988, 1992 y 1994, y a Zapatero una en 2010. Pero eso fue en otra época, cuando los sindicatos todavía se permitían el lujo de parecer independientes.

Catorce años de silencio

Desde el 14 de noviembre de 2012 España no había vivido una huelga general de 24 horas. Catorce años. En ese tiempo ha habido una pandemia, una inflación que se merendó los sueldos, el alquiler disparado en media España y ocho años de Pedro Sánchez en La Moncloa. Nada de eso mereció un paro general. Ni un día.

Matiz, para que no se diga: en octubre de 2025 sí convocaron una «huelga general», de paros parciales. Contra la guerra de Gaza. Es decir, la única huelga general de la era Sánchez hasta ahora tenía al culpable a miles de kilómetros y, qué casualidad, no gobernaba en España.

La lucha de clases, por lo visto, se tomó un paréntesis que coincidió milimétricamente con los años de sus amigos en el poder. La vivienda era un problema, claro, pero un problema con el que se podía convivir mientras el Gobierno fuera el adecuado. Hasta el 5 de octubre.

Dieciocho días y a dos de campaña

El 5 de octubre Pedro Sánchez convoca elecciones generales para el 29 de noviembre, después de que el Congreso le tumbara dos decretos de vivienda, y llama a las urnas «contra los especuladores de siempre». Esa misma tarde, pocas horas después, CCOO y UGT se reúnen y acuerdan convocar una huelga general de 24 horas «este otoño». Qué reflejos. Dos días más tarde ya tienen fecha, y qué fecha.

5 de octubre. Sánchez convoca elecciones; horas después, CCOO y UGT acuerdan la huelga general.

7 de octubre. Fecha elegida: miércoles 11 de noviembre.

11 de noviembre. Huelga general. Dieciocho días antes de las urnas.

13 de noviembre. Arranca la campaña electoral.

29 de noviembre. Elecciones generales.

La última ventana antes de que empiece la campaña. Hay relojeros suizos con menos precisión. Y dos lemas que riman sin querer: el presidente pide el voto «contra los especuladores de siempre» y los sindicatos paran el país «por el derecho a la vivienda y salarios dignos para pagarla». Dos pancartas, una sola campaña.

¿Una huelga contra quién?

Aquí viene lo mejor. La huelga reclama salarios, vivienda, jornada y convenios al Gobierno que lleva ocho años gobernando. Pero nadie en los sindicatos parece enfadado con el Gobierno. Garamendi lo resumió con la brocha gorda que a veces se agradece: la huelga parece organizada «contra la oposición, no contra el Gobierno». CEOE y Cepyme la consideran difícil de justificar y acusan a los sindicatos de convertir a empresas y trabajadores en fichas de una partida electoral. Hasta CSIF, que no es precisamente la patronal, se ha bajado del autobús: no secunda el paro porque, dice, no sigue «indicaciones políticas».

Hay además un detalle jurídico delicioso. El Real Decreto-ley 17/1977 —sí, del 77, y sigue vigente— declara ilegal la huelga convocada por motivos políticos o ajenos al interés profesional de los trabajadores. Imaginen a un juez preguntándose si una huelga acordada horas después de disolverse las Cortes y fijada dieciocho días antes de las urnas tiene algo de política. A los sindicatos les faltó una pancarta: «Esto no va de elecciones».

Ayuso habla de «corrupción mafiosa»; Abascal exige retirarla y avisa de que tomará nota de las subvenciones. Cada cual con su tono. El mío es más modesto: gratitud. Durante décadas los sindicatos nos obligaron a fingir que no sabíamos para quién trabajaban. Los cien días de cortesía eran el precio del disimulo. Ahora han decidido ahorrárselo, y de paso ahorrárnoslo. Han puesto el reloj en hora con el calendario electoral de su partido y no les ha temblado el pulso. Ya no hace falta preguntar quiénes son sus amos: lo llevan escrito en la fecha.